Cooperativas de vivienda en Vitoria-Gasteiz.

El domingo de la semana pasada los medios de comunicación publicaron una noticia bastante escandalosa y muy preocupante para los que nos dedicamos a esto de la vivienda social. El Correo, en su edición local de Gasteiz, titulaba que «Socios de cooperativas denuncian que les exigen hasta 210.000 euros por pisos en Zabalgana», cuando el precio máximo legal de sus viviendas, de VPO, no debería sobrepasar los 120.000 €.

En ese momento, y aunque me pareció de entrada algo totalmente inadmisible, preferí esperar a ver qué solución daba el Consistorio presidido por Alfonso Alonso, del Partido Popular, antes de comentar nada, dado que es una cuestión municipal (los suelos sobre los que se hacen esos pisos provienen del patrimonio público municipal) y es al municipio a quien corresponde solucionar el contencioso surgido.

Ya desde el primer momento, el fraude -que presuntamente podría serlo, desde mi personal punto de vista, si finalmente se consuma la venta de VPO por casi el doble de su precio máximo legal, aunque se enmascare, nadie se atreva a decirlo y se suavice con paños calientes y eufemísticas fórmulas de cortesía- me pareció de libro: vender un 75% más caras las viviendas prometidas, tras un concurso público de adjudicación del suelo a supuestas cooperativas… en fin, recuerda más a lo que pasaba hace tiempo, cuando no se sorteaban las viviendas o no se tanteaban las segundas transmisiones, o en otros sitios que no citaré, donde se cobra en «B» una parte casi igual que lo que se cobra en «A».

Me pareció increíble que en Gasteiz estuviera ocurriendo algo así, con medios proporcionados por el Ayuntamiento -públicos en su orígen, y por tanto, sujetos a control público- y desafiando todas las normativas, leyes y normas administrativas de control del fraude sobre VPO.

Por mucho menos (mucho, mucho menos: la actualización del módulo) el Ayuntamiento de Donosti le ha montado un «pollo» a una promotora-constructora y se ha organizado un pifostio de repercusiones supralocales. A pesar de la situación penosa en la que ha quedado un conjunto de personas (no es de extrañar el cabreo que se han cogido, y lo podréis comprobar en los foros de Ensanche XXI, donde 1.866 de las 1.879 entradas de los foros corresponden a este tema, el 99,3% de toda la participación forera de este sitio), el ayuntamiento ha tardado una semana en responder. Hay incluso quien dice que el alcalde estaba demasiado ocupado terminando la plaza de toros, dotación mucho más importante que las viviendas de 354 gasteiztarras… para inaugurarla precisamente el sábado, día que hizo pública su contestación.
En la prensa de este sábado, (El correo, edición Álava) el titular es «Alonso estudia convertir en tasados los 354 pisos protegidos de Zabalgana encarecidos», o sea, dar carta de naturaleza y asumir como irrevocable el disparatado incremento del precio de esas VPO. A juzgar por lo que dice El Correo, parece que al Sr. Alcalde no se le ha ocurrido otra cosa mejor que cambiar las reglas del juego a mitad de partida.

Alfonso Alonso, si se confirmara la veracidad de esta propuesta, se estaría acercando peligrosamente a la religión con más éxito del momento: el pirómano-bomberismo. Esta práctica consiste en, primero, crear el problema y luego, a toque de trompetas y en loor de multitudes, llegar a resolverlo como el salvador del mundo mundial aportando una solución trivial y que realmente no soluciona el problema, sino que erradica de origen la cuestión. Algo así como George W. Bush, cuando para evitar los incendios en los bosques norteamericanos propuso talarlos completamente, o como Esperanza Aguirre, la inefable lehendakari madrileña, cuando dijo que la mejor manera de acabar radicalmente con el fraude en la adjudicación y gestión de las VPO era “no hacer VPO” (sic).

Pues eso, ya que los precios se nos han disparado en las cooperativas que aparentemente nosotros mismos hemos potenciado y a quienes hemos adjudicado nuestro suelo (público) para VPO, no problem, para cumplir la ley que limita los precios cambiamos la naturaleza del producto regulado.

Es como si, por ejemplo, se permite circular por una carretera a 100 Km/h, y pillamos a alguien que va a 200 km/h. La solución parece, según esta teoría, que no es sancionar, y obligar a que se reduzca la velocidad o quitarle el permiso de conducir al energúmeno, sino modificar los límites de velocidad hasta 200 km/h (con efecto retroactivo, claro…) para que el infractor ya no lo sea, y automáticamente, por el efecto mágico del cambio legislativo «ad personam», quede amparado por la nueva regulación.
Creo que quien actúa así se olvida de que esos pisos supuestamente cooperativos forman parte del estandar legal de reserva de VPO, y deberíamos exigir que si aplica una solución tan trivial y poco imaginativa, al menos, tenga la decencia de compensar esa reducción de reservas de vivienda protegida con la conversión, en el mismo ámbito, de tantos pisos VPO “de verdad” (no como los 354 cooperativos) como los que se habrían convertido milagrosamente en “legales”.

Por otro lado, creo que quien proponga esta solución también se olvidaría de que l@s 354 ciudadan@s que resultaron adjudicatarios de esos pisos lo son, pero de VPO, de precio VPO, y no de viviendas tasadas. Y de que si modifica el régimen legal de las viviendas respecto al de VPO, podrían darse dos efectos: uno, que los adjudicatarios le pidieran a Alonso que ponga de su bolsillo (o del de todos, que sería peor) los 15 kilos que le faltan a cada uno para implementar esa mágica solución; y dos, que alguna otra cooperativa denunciase que el concurso por el que se adjudicó el suelo ha sido totalmente fraudulento, puesto que las condiciones finales se han distanciado en un 75% de las de partida (a favor del adjudicatario del concurso, y en contra del usuario final) sin mediar causa de fuerza mayor.

Este problema, de origen y competencia municipal, tendrá que tener una solución también municipal, pero ante el desprestigio que este tipo de cuestiones fraudulentas supone para las políticas públicas de vivienda en su globalidad, deberíamos al menos aprender todos de ellas. Lo de las cooperativas, cuando se trata de hacer vivienda libre y sustituir a un promotor que se embolsa el 20 ó 25% de la inversión únicamente por poner y “arriesgar” el capital, vale, está muy bien, porque se reduce el margen y se abarata el precio final para los cooperativistas. Pero en VPO… ¿qué margen de promotor se está reduciendo? ¿Una gestora de cooperativas o “pseudo-gestora” (casi nunca lo son propiamente, sino que muchas veces son promotoras encubiertas, disfrazadas de gestoras) puede reducir el 5% ó como mucho, el 10% de margen de promoción que tiene un inversor público o privado para acometer la VPO? ¿Cómo va a reducir ese margen, si sus gastos generales, de estructura, de gestión,… son mayores o al menos, iguales, dado que su volumen de producción es menor y tiene que mantener una estructura empresarial (aunque sea cooperativa y más o menos precaria) para promover una sola promoción inmobiliaria?

Engañándonos con las etiquetas “cooperativas” no conseguimos nada más que hacernos trampas al solitario, y por poner el apellido “social” a una promoción o actividad económica no la hacemos mejor necesariamente.
Llevándolo a otro mundo paralelo (debería ser así, aunque realmente la vivienda no ha alcanzado aún el estatus de “servicio público” en nuestro país), podríamos ver lo que pasa con la educación cuando se “cooperativiza”. Estamos de acuerdo en que es mejor una gestión colectiva que la , con todos los colegios privatizados como ocurre en otros lugares. Es cierto, es mejor una cooperativa de padres que un consejo de administración que sólo busque ganar pasta para sus accionistas. Pero… ¿sustituir la escuela pública, garantía de igualdad universal de tod@s l@s ciudadan@s, por cooperativas (o pseudo-cooperativas, que es peor y más grave, grupos de empresarios disfrazados de cooperativas) nos parece garantizar el derecho a la educación en pie de igualdad? No me quiero meter en el florido jardín de las ikastolas privadas y sus conciertos y sus historias y tejemanejes en relación con la burguesía nacionalista dominante, porque no es mi tema y seguro que meto la pata, pero… a la hora de potenciar y proporcionar medios y posibilidades a supuestas cooperativas (no olvidemos que los suelos para hacer esas VPO de a 35 kilos se los ha dado el Ayuntamiento, del suelo público municipal), deberíamos plantearnos si no es mejor que esa supuesta “capacidad de gestión cooperativa” (esa sublime gestión que consigue que los pisos pasen de 20 a 35 kilos, con desviaciones del 175%) se oriente a otros campos menos sensibles para el conjunto de la sociedad y para sus clases social y económicamente más desfavorecidas, como la vivienda protegida.

Que las cooperativas hagan vivienda para sustituir a los privados, no me parece mal. Que sustituyan a la iniciativa pública, que es la que está obligada a proporcionar vivienda asequible, no me parece inteligente, porque cuando las cosas salen bien, nadie va a poder reclamarles los beneficios extras (entre otras cosas, porque materializan sus plusvalías de manera repartida, disgregada), pero cuando salgan mal –y saldrán, como ahora- es indiscutible que vendrán a llamar a la puerta de la administración para… a) pedir la pasta que les falta; o b) solicitar exenciones o permisos extraordinarios para el incumplimiento de la ley, que es para tod@s. Y para ese viaje, sinceramente, creo que no hacen falta alforjas.

Por último, me parece que convendría que, antes de que generalicemos y metamos en el mismo saco a todas las cooperativas, se hiciera público cuáles son las cooperativas que están pidiendo esos sobreprecios a sus cooperativistas y cuáles no lo están haciendo. Creo que es importante que tampoco descalifiquemos a todo un sistema por culpa de unos pocos que incumplen su cometido.

Anuncio publicitario