Golf, ladrillos y vino. Corrupción urbanística en La Rioja Alavesa (II).

Hay alguna novedad respecto a las dos noticias que anteayer comentaba aquí, relacionadas con operaciones urbanísticas, sobornos y maniobras políticas para instalar dos campos de golf en Labastida y Laguardia, que no quería dejar pasar sin comentar.

Primero nos hemos desayunado con la noticia de que el ex-alcalde de Labastida, del PP, Ignacio Gil Orive, de quien ya contamos anteayer cómo fue elegido por el PNV y el PP como interlocutor para defender el proyecto, va a ser recusado por la plataforma Torrolate, por ser parte interesada en el proyecto del Golf de Labastida. Parece que el señor ex-alcalde y/o su familia son propietarios de una bodega que, de realizarse el proyecto, tendría que recalificarse, con su correspondiente plusvalía, para dar cabida a las nuevas urbanizaciones que acompañarían al golf. Si esto es así, habría un nuevo elemento que tener en cuenta: el ex-alcalde debería haberse inhibido de cualquier deliberación, gestión o votación relacionada con este asunto, dado que en él le iría un beneficio personal que no debería favorecer con su actividad pública en el consistorio. No soy abogado, pero como sí que fuí concejal, sé muy bien que para un cargo público es delito participar en cualquier deliberación, votación o gestión de asuntos en los que se tengan intereses personales, empresariales o familiares. Si lo que dice Diario de Noticias de Álava es cierto, no sólo se podría recusar al ex-alcalde, sino que podría haber, incluso, indicios de la comisión de delitos de tráfico de influencia.

La plataforma Torrolate convoca hoy una manifestación que saldrá a las 17:00 de la plaza de Labastida, contra la construcción del campo de Golf y las 750 viviendas, que es apoyada por EA, Ezker Batua-Berdeak, Aralar y ANV.

ACTUALIZACIÓN 09.12.2007_18:30: La manifestación en Labastida parece que ha sido todo un éxito. Diario de Noticias, El Correo y Leolo se hacen eco hoy de la noticia.

Golf, ladrillos y corrupción en La Rioja Alavesa.

Dos noticias de la prensa de hoy nos obligan a reconsiderar aquello de que “Euskadi is different“ en materia de urbanismo, corrupción y especulación, y las dos tienen por escenario pueblos de La Rioja Alavesa: Laguardia y Labastida. En ambos lugares existen proyectos urbanísticos impulsados por el Partido Popular relacionados con campos de golf y ladrillismo, condimentados con indicios de actividades especulativas, cuando no directamente delictivas.

En el primero, Laguardia, un edil de EA, Gregorio López, ha denunciado un intento de soborno: un particular le ofreció 90.000€, para que cambiara su voto en el último momento (decisivo, porque deshacía un empate entre PP y PNV) y apoyase el proyecto de campo de golf y urbanización ladrillísco-especulativa que quiere imponer la derechona más rancia del PP en Laguardia. Es el modo de actuar habitual de la extrema derecha económica, esa que dice querer “generar riqueza” (para sus bolsillos, los bolsillos de sus amigos, sus parientes y sus empresas amigas) a base de dilapidar el territorio, sin fijarse demasiado en el interés general o si existe una demanda social. Pero en este caso, en Laguardia, gracias a la honestidad de un concejal, se ha desvelado la trama mafiosa. Aclaración: este edil no es del grupo político al que pertenezco, Ezker Batua-Berdeak, sino de Eusko Alkartasuna; no hago más que reconocer y aplaudir, desinteresada e imparcialmente, una actitud que, a pesar de ser lógica, se ha convertido en ejemplar, por inhabitual en nuestros dias de choriceo generalizado.

La corrupción sale barata en las urnas.

En “blogurbanismo.com”, uno de los blogs más interesantes de la urbablogosfera al que estoy suscrito, he leído un completo análisis relacionando los famosos asuntos de corrupción urbanística que se han conocido en los últimos meses y los resultados electorales del domingo 27 de Mayo en las elecciones municipales. Recomiendo su atenta lectura, porque además de un relato pormenorizado de cómo les ha ido en esto de las urnas a algunos de los presuntos y/o convictos chorizos ladrilliles que en España han sido (Castellón, Ciempozuelos, Andratx, Seseña,…) contiene una nefasta conclusión que comparto e incluso me atrevo a remarcar: para algunos, la corrupción urbanística es económicamente rentable: no tiene apenas coste electoral.

ACTUALIZACIÓN 31.05.2007_22:00: Javier Ortiz da razones para entender este voto procorrupción en el País Valenciano en uno de sus apuntes del natural, titulado precisamente “El voto de la corrupción“. Su artículo de hoy gira alrededor de la idea de que “la corrupción favorece a todos“. Yo sigo sin entenderlo, aunque lo que Don Javier nos cuenta parece creíble. Pero yo pensaba que el personal tenía más principios y escrúpulos éticos. Va a ser que Euskadi is different, o algo.

ACTUALIZACIÓN 31.05.2007_ 23:15: Manuel Rico, en “Periodismo Incendiario“, también se refiere a este asunto, en “¿Qué ha ocurrido con la corrupción?“, pero de manera más diversa y contradictoria. Parece -según cuenta Don Manuel- que se valora de manera distinta a corruptos de izquierda y corruptos de derecha…

Urbanismo de mala reputación.

Hoy he visto en la prensa escrita un artículo de Gerardo Roger Fernández que me ha parecido muy interesante. Como el artículo de El País es de pago (yo creía que estos chicos de Polanco ya se habían dado cuenta de que esto de los medios por internet no funciona así, pero veo que insisten en su error), os pongo aquí un enlace a la noticia del diario “en papel” escaneada. Que me denuncien por violar sus copyrights si tienen lo que hay que tener…

Bueno, pues a lo que iba, dado que estoy totalmente de acuerdo con el contenido de este artículo de Gerardo Roger Fernández, admirado y estimado colega, arquitecto y urbanista de prestigio, del que ya os he hablado en otro artículo anterior, y por si no leéis con suficiente calidad en este corta-y-pega-violador-de-copyrights que me he marcado en plan hacker descarao, o por si las cinco columnas os asustan y preferís la versión “light”, con su permiso ahí va un resumen-esquema de lo que Gerardo Roger explica de manera más prolija y completa:

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CAUSAS de la CORRUPCIÓN en el URBANISMO:

1. OFERTA: producto (suelo) generador de gran plusvalía.
2. DEMANDA: universo amplio y con necesidades perentorias.
3. MERCADO: restringido, opaco y monopolístico.

SOLUCIONES para IMPEDIR/CONTRARRESTAR la CORRUPCIÓN URBANÍSTICA:

1. OFERTA: valoración del suelo NO ESPECULATIVA: por lo que es, no por lo que podrá llegar a ser.
2. DEMANDA: segmentar la oferta del producto en función de la solvencia de la demanda, imponiendo ESTÁNDARES mínimos de VPO en todo suelo residencial.
3. MERCADO: apertura a la libre competencia de la producción (ejecución de obras) de ciudad, con pleno, estricto y escrupuloso control público: agente urbanizador.

CONCLUSIÓN: la nueva Ley del Suelo Estatal, y las leyes del suelo autonómicas más avanzadas (entiéndase progresistas: aquí me apunto, ante la ambigüedad, la concreción interesada en forma de nuestra Ley Vasca), si finalmente “no flaquean” (léase entre líneas) son los instrumentos adecuados para reponer esta mala reputación.

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Este resumen-esquema mío es voluntariamente hiperconciso, apto para todos los públicos. Por supuesto, sobre el presente análisis y propuesta existiría la posibilidad de extenderse todo lo que se quisiera, pero prefiero por ahora ser así de escueto para que quien tenga algo que aportar o discutir, lo haga de manera previa, y así dirigirme después a lo que realmente os interese desarrollar. Lo dicho: ¿algo que aportar? ¿diferentes opiniones?

 

 

Salir del mitin y entrar en la cárcel.

Esta tarde ha saltado la última noticia urbanístico-delictiva protagonizada por políticos del ámbito municipal. Leo en El País:

“El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra Gil, ambos del Partido Popular, han sido detenidos esta tarde acusados de varios delitos al parecer relacionados con asuntos urbanísticos“

“Ambos políticos fueron detenidos en Marbella pasadas las 18.00 horas tras asistir al almuerzo-mitin celebrado en dicha localidad y en el que intervino el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy.“

 

Creo que ya hemos perdido la perspectiva que permite ver en su verdadera proporción este tipo de noticias. Tanto chorizo pillao con las manos en la masa urbanística, tanta detención en delito flagrante, creo que nos ha cauterizado la sensibilidad, nos ha hecho insensibles a algo que es gravísimo. Que a la salida de un mitin del jefe de la oposición la policía detenga a un alcalde y a un concejal de urbanismo es algo muy, muy, muy fuerte.

Me preguntaba Alicia sobre cuál es la razón de que ahora, ante estos choriceos PePeros, no haya el revuelo y el escándalo que se formó con la corrupción que protagonizó hace unos años el PSOE, con los Roldanes, Urralburus y compañía. A mí sólo se me ocurre que los medios de comunicación “tradicionales“, periódicos, radios y televisiones, pertenecen y atienden a los intereses de los partidos que están implicados en estos delitos: los mayoritarios, alternativamente, las dos caras de la misma moneda, los de los Cánovas y Sagasta del siglo XXI, los de los Marianicos y Zapatines. No sé. Esto está muy mal, cuando los alcaldes y concejales salen de un mitin y entran en comisaría esposados. Muy mal.

Camellos urbanísticos.

Hoy presto este espacio a Ángel Monge Pérez, abogado, de Sevilla, que me ha enviado el artículo que sigue con una invitación a publicarlo aquí. Me parece que el análisis que hace es muy, muy interesante. La comparación de la corrupción urbanística con el tráfico de drogas os puede parecer demasiado drástica o exagerada, pero lo cierto es que ha llegado a tal nivel de impacto social que su detención se ha convertido -en esto coincido plenamente con Ángel- en  una cuestión de salud pública. Salud ética. 

Aunque debería darse por supuesto, insisto en la precaución de siempre: las ideas que desarrolla este artículo son de su autor, y aunque pueda compartir algunas de entre ellas -también tengo mis discrepancias sobre alguna cuestión que ya comentaré después- no ha de suponerse que son necesariamente coincidentes ni con mi opinión personal, ni mucho menos con la posición corporativa de mi empresa o del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco.

 Lo que sí me he permitido como licencias del editor es marcar en negrita los pasajes del artículo que me han parecido más interesantes, y poner el título de este post, al hilo de la comparación que propone el artículo de D. Ángel Monge. A él, muchas gracias por la colaboración, y la petición de que nos envíe más artículos como este para poder compartirlos y comentarlos.

Capitalismo y corrupción.

Ya había leído algunas otras cosas -artículos de opinión y algun breve ensayo cuyo título no recuerdo- de Rafael Argullol, pero este artículo (“Llamadlo codicia“) que podeis leer en la sección de Opinión de ayer, domingo, en el diario El País, me ha parecido especialmente afortunado.

Habla de tabús, del innombrable (ahora) capitalismo, de su relación con la corrupción, los corruptores y los corrompidos, y, en fin, de la codicia institucional sobre la que se apoya, por definición, el sistema que ya no nombramos pero, aún sin denominarlo así, sigue siendo el capitalista.

Os lo recomiendo. Me ha parecido muy interesante. Además, alude a una antigua polémica que mantuvimos a partir de otro artículo de este blog, con Jaizki, sobre si el sistema capitalista potencia o dificulta la corrupción. Un poco más de luz y razones al respecto.

(La foto es de Fuerteventura, tomada en Febrero de 2.005).

Una sonrisa in memoriam.

Me han llegado vía Susana estas viñetas de Forges y El Roto que tenía Javier García-Bellido colgados y fechados en su despacho. No voy a hacer ningún comentario. Simplemente quería compartir con vosotr@s la sonrisa que provocan estas viñetas con el recuerdo respetuoso en memoria de la gran persona y del gran urbanista desaparecido ya hace casi ocho meses.

 

 

 

 

 

 

 

 

Euskadi is different? (urbanismo social vs. corrupción & especulación)

¿Por qué en Euskadi no se da -o si se da, se da con mucha menor intensidad y frecuencia- la espectacular propagación del fenómeno de moda, la corrupción urbanística?

¿Cuáles son las razones para explicar la menor incidencia de esta epidemia en la CAPV?

¿Responde este “hecho diferencial” a causas estructurales, del sistema, o a la coyuntura o a razones antropológicas o culturales?

Por una vez estoy de acuerdo con el Diputado General de Bizkaia, José Luis Bilbao, aunque matizando, cuando dice que aquí no hay [tanta] corrupción urbanística. Pero ¿por qué?

Desde mi punto de vista (personal, no corporativo ni partidario), hay tres razones para entender por qué en Euskadi el urbanismo es más transparente, más social, menos especulativo y menos propenso al “pelotazo”, a la ganancia fácil y el lucro deshonesto:

1. En Euskadi, desde hace 12 años dos de cada tres viviendas (el 65%) en suelo urbanizable (en zonas de nuevo desarrollo), y el 20% en suelo urbano (en áreas de ciudad consolidada) han de ser viviendas protegidas, en virtud de una ley de rango autonómico (la Ley 17/94, de Medidas Urgentes”, conocida con el nombre del Consejero Maturana). Desde el pasado mes de septiembre, estas reservas obligatorias incluso se han reforzado y aumentado hasta el 75% en urbanizable y el 40% en urbano, gracias a la aprobación y entrada en vigor de la nueva ley de suelo y urbanismo. La reserva obligada de vivienda protegida en TODOS LOS SUELOS que se vayan a desarrollar en el territorio de la CAPV, y de unos porcentajes tan altos, reducen esencialmente las posibilidades de obtener plusvalías por la transformación del suelo, dado que una gran parte de las viviendas que se pueden construir (las “culpables” del lucro especulativo que se da en otras regiones con el tráfico descontrolado del suelo) tienen su precio tasado, regulado por ley muy por debajo de su precio de mercado. En otras comunidades autónomas estas reservas obligatorias no existen o son notablemente menores a las que en el País Vasco tenemos, y por lo tanto, el incremento del valor de los terrenos que pueden sufrir los suelos desde su situación “rural” a “urbanizado” es mucho mayor que en nuestro caso.

2. La ordenación territorial en Euskadi está regulada mediante un completo sistema que limita la autonomía del planeamiento municipal para hacer lo que le venga en gana a la corporación de turno, “animada” por los intereses lucrativos de promotores o constructores. Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT), los Planes Territoriales Parciales (PTP) y los Planes Territoriales Sectoriales (PTS) regulan el marco en el que se puede desarrollar el planeamiento, limitando, por ejemplo, el posible crecimiento de pueblos y ciudades con criterios de sostenibilidad y racionalidad, equilibrio territorial, aprovechamiento de las infraestructuras o no agotamiento de los recursos naturales y del medio ambiente. Por poner un ejemplo, un crecimiento como el del pueblo de Seseña (Toledo) multiplicando su población por seis, sería imposible con el sistema de control que imponen los instrumentos de ordenación territorial que regulan el urbanismo en Euskadi. Como es obvio, este control externo del planeamiento municipal actúa como freno a las canalladas que algún que otro gobernante podría tener la tentación de protagonizar para su lucro personal o partidario.

3. El fraccionamiento caleidoscópico tanto del sistema competencial como de la representación política en las instituciones, que proporciona un reparto en red muy ramificada y compartida de las decisiones urbanísticas y relativas a la gestión del territorio. A las cinco administraciones con competencias legislativas y ejecutivas sobre el territorio y sus afecciones (municipal, foral, autonómica, estatal y europea, al menos una más -la foral- que en resto del territorio estatal) se solapa la distribución de la representación política en al menos siete partidos -además de las agrupaciones electorales de ámbito local o independientes- que imposibilitan en la mayor parte de las instituciones la acumulación de mayorías absolutas o gobiernos monocromáticos; y en casi todos los casos, los gobiernos de coalición multipartita no son coincidentes entre las distintas administraciones con competencias ejecutivas y normativas. De esta manera, y con las servidumbres que un mapa político-institucional tan fraccionado provoca -la cultura de concertación y consenso, en Euskadi, no es voluntaria sino imprescindible, y eso obliga, en muchos casos, a tomarnos mayor tiempo y esfuerzo en la búsqueda de ese consenso- también se obtiene una mayor garantía respecto al cumplimiento del interés social “multinivel” y transversal. Dicho a lo bruto, es más difícil convencer a diez o quince agentes participantes en un proyecto para cometer un fraude social, que a dos o tres. Aunque sea por la vía del reparto ramificado de las responsabilidades en su participación, a un número elevado de gestores públicos les resultaría más difícil conchavarse para especular o corromper el objeto social del urbanismo que an número reducido.

No descarto que otras cuestiones antropológicas (carácter, historia, cultura, tradición industrial,…) o condicionantes físicos (topografía, escasez de suelo apto para ser colonizado,…)tengan su influencia. Pero creo que estas tres cuestiones más sistémicas, de estructura social y organización competencial, son las que hacen que la Comunidad Autónoma Vasca se distinga, por una vez en positivo, del resto de los territorios del Estado, en la menor incidencia de fenómenos especulativos y de corrupción urbanística.

Pero ya me gustaría que quien discrepe o tenga otras razones para explicar esta cuestión las exponga. ¿Me equivoco? ¿Soy demasiado optimista, y hay alguien que niegue la mayor y piense que Euskani no es “tan diferente”? ¿Hay otras razones relevantes que pueden influir en esta distinción que no haya citado?

 

 

(L
as imágenes son de la encantadora ciudad de Ljubljana, en Eslovenia, y las tomé durante el mes de Agosto de 2.004)

Urbanismo sin especulación ni corrupción.

 

 

 

Una compañera arquigada o abotecta (ese animal de ficción figura mítica, híbrido de arquitecta y abogada), Susana, me ha enviado este texto y me pide que lo publique para poder debatir y aportar luz desde todos los puntos de vista que seamos capaces al respecto de tan popular tema en los últimos tiempos. Pero, como veréis, al ser un texto muy duro y crítico con el actual sistema urbanístico y sus consecuencias, he querido tomar dos precauciones previas a su publicación:

1. El título de este post es antónimo del contenido del texto que va a continuación, pero no es un error: quiero que, al menos en esta minucia, el título, podamos ver la luz al final del túnel, que otro mundo es posible, en positivo, y no pensar que este sistema es un desastre que no tiene solución.

2. Este texto refleja la opinión personal de su autora. No es la opinión del propietario del blog, y mucho menos la postura corporativa de la empresa que dirige éste (Orubide), ni del Departamento del Gobierno Vasco al que está adscrita dicha sociedad. Parece una obviedad, pero no lo es tanto, visto lo visto. Esta aclaración está especialmente dedicada a algunos periodistas de medios de comunicación escritos publicados en Bizkaia y Araba, sobre todo a los que trabajan en los medios del grupo que empieza por “Vo” y acaba por “cento”.

“ESPECULACIÓN URBANÍSTICA Y CORRUPCIÓN:

LAS DOS CARAS DE LA MISMA MONEDA EN NUESTRO SISTEMA URBANÍSTICO “

“Estos últimos meses ha salido por fin al debate público, lo que desde hace demasiado tiempo estaba sólo entre algunos círculos de urbanistas críticos.

El llamado “mundo del ladrillo” en España no está hoy en manos de algunas tramas mafiosas, por lo que desbaratadas éstas, todo vuelve a la normalidad; ni tampoco la especulación es exclusiva de una cultura (“todos los latinos son unos especuladores congénitos”). El problema es más profundo y lleva asentado en nuestro sistema económico-urbanístico desde hace nada menos que 50 años.

Efectivamente. Fue con la ley del Suelo de 1956, madre de todas las demás leyes del suelo posteriores, cuando se inyectó en el sistema inmobiliario una “ley remedial”, un opiáceo. Su objeto era suplir nuestra tradicional carencia de un tejido capitalista industrial mediante este remedio: convertir en empresarios urbanizadores ‘forzosos’ de sus terrenos a los propietarios del suelo. Esta medida iba en claro detrimento de los empresarios industriales, a los que se convertía en meros contratistas de las obras de urbanización, y el “derecho a urbanizar” se entregaba exclusivamente a los propietarios de suelo. Caso único en el mundo. La técnica fue dotarles de incentivos y ayudas para que ellos mismos se autofinanciaran y urbanizasen sus terrenos. Pero faltaba la seguridad jurídico-financiera que garantizase los préstamos de los bancos. ¿Cómo resolverlo?

La mecánica es muy simple. Cada uno de nuestros Planes de urbanismo delimita los terrenos de las actuales fincas rústicas que podrían llegar a edificarse en un próximo o lejano futuro (reclasificar, es pasar de la ‘clase’ de suelo rústico a la de urbanizable o de urbanizable a urbano; recalificar es cambiarlo de uso, industrial por ejemplo, a residencial). El Plan no está legalmente especulando o corrompiendo a nadie, ni siquiera usando información privilegiada, porque el Plan es público. Está aplicando lo que le dice la ley (podemos ver que con la misma ley se hacen Planes buenos o infames, en el interés general o en el particular).

 

La vigente ley del suelo estatal garantiza que el valor OFICIAL de un suelo urbanizable, ya no será el valor REAL del uso actual de esas fincas rústicas, tal y como están hoy antes de urbanizarse (con sus patatas, lagartos, piedras, y sus expectativas inciertas de futuro, como ocurre en el resto del mundo). No; su valor oficial, al día siguiente de aprobarse el Plan, se incrementa hasta lo que le garantiza la propia ley: el valor futuro o ‘virtual’ que, tras su urbanización, podrá obtenerse por la edificabilidad y usos previstos por el plan.

El valor futuro y virtual creado por el Plan en un 90 % pasa al día siguiente íntegro al patrimonio privado del propietario de ese terreno agraciado. Y este capital regalado es vendible o hipotecable –aquí está la clave para que los bancos presten capital- ya desde mucho antes de emprender gasto de proyecto o ejecución de obra alguna. Es decir, del valor de la renta de las patatas de una finca se pasa de un día para otro a un valor de mercado artificial 50 o 100 veces mayor, sin que su propietario haya invertido….ni un euro. A mayor altura y volumen edificables y a mayor “calidad” de usos admitidos (como residencial libre, comercial o de oficinas, frente a vivienda social o industrial), mayor será el beneficio del propietario del suelo original. ¿Cabe mayor flexibilidad de la rentabilidad de un capital sin arriesgar nada?

Esta “solución española” es inflacionista, al hinchar los precios del suelo con solo una promesa del Plan: al intervenir artificiosamente el valor, se está asegurando un umbral mínimo que tenderá a subir más y más los precios de mercado. Al propietario a cambio, le pide tan solo la contrapartida de urbanizar todo el sector (como en el resto del mundo, faltaría más), aunque posiblemente no lo hará él -que no es un profesional en esa materia-, sino un tercero o un cuarto. De ese modo, el sistema garantiza beneficios especulativos a un personaje interpuesto en un proceso industrial que no tiene ningún título ni saber empresarial. Simplemente, lo percibe por el mero hecho de haber heredado o comprado ese suelo afortunado poco antes de que el plan se lo “reclasificara” (a veces días, horas antes, lo que no tiene nada punible en sí mismo).

Y ¿es igual en suelo urbano que en urbanizable? El regalo es idéntico, pero con la diferencia de que en suelo urbano los márgenes de beneficios muy superiores. El 100% del valor generado por la recalificación es un regalo sin condiciones para el propietario del suelo, ya que no tiene que urbanizar porque ya está todo hecho. Conoceréis ejemplos de suelos completamente urbanizados, en que el Plan municipal decide hacer torres o altas densidades donde hoy solo hay chalets, un parque deportivo, un cuartel, una cárcel o una estación. El incremento de valor de esas “recalificaciones” pasa inmediatamente al patrimonio de los propietarios de los terrenos agraciados, sean públicos o privados. Y tampoco hay en ello ilegalidad, ni corrupción perversa, ni tráfico de influencias, ni prevaricación que valga. Es la ley la que obliga a hacerlo así, una vez que discrecionalmente el Plan ha decidido aplicarlo en tales terrenos. Por eso, todos los intentos de luchar en los tribunales contra esos evidentes “pelotazos” legales y sin riesgo han fracasado.

 

Lo más grave de todo reside en que no se piden cuentas de ese capital público regalado. La cuantía del regalo puede sobrepasar, con mucho, la imprescindible para acometer las obras de urbanización precisas. Y ello sin tope alguno y sin control tampoco de las obras imprescindibles a justificar, quedando márgenes espectaculares de beneficios netos limpios y legales que no necesitan auditarse. El resto, puede gastarse en pagar deudas, helicópteros o corruptelas.….Las plusvalías pueden ser generadoras de tan gigantescos beneficios netos, que son capaces de limpiar las deudas presupuestarias de empresas, de los clubs de fútbol, del propio Estado y sus patrimonios generales (no sólo de Defensa), municipales o autonómicos, incluso dando de sobra para hacer urbanizaciones públicas de lujo…..Pero, eso sí, sin bajar los precios finales de las viviendas, porque simplemente los agentes del mercado no son tontos, ni almas de la caridad.

Es obviamente una tentación para los políticos municipales ver que, con su mera decisión política de reclasificar o recalificar un terreno, pueden crear un beneficio gratuito de semejante magnitud a su propietario. Ello incita al convenio, al pacto o al arreglo ilegal de repartirse amigablemente los beneficios generados (no a bajar los precios). Es un caso inaudito en el Derecho comparado: caldo de cultivo excepcionalmente fértil para toda especulación, por el que se permite ganar dinero fácil. Y, por ende, resulta ser nutriente de toda corrupción, auto-alimentándose ambos.

El problema es de tales dimensiones que sus consecuencias directas en la economía y la política estatal son obvias y materialmente insoportables, mostrando tan solo la punta de un gigantesco iceberg de “especulación legalizada”. Si cada intermediario en el proceso se lleva una fracción de la plusvalía, al final se consigue que España tenga el más alto esfuerzo familiar de acceso a la vivienda de toda Europa.

Y por ahora, la competencia está residenciada en el Estado: mientras no se reforme esa Ley, absolutamente sorprendente en el mundo entero, será técnicame
nte imposible impedir la corrupción y la especulación masivas, amparadas y encubiertas bajo su legitimador manto protector. “

(Las fotos están tomadas en Zagreb, durante el mes de Agosto de 2.004)